La activista asesinada había apuntado contra el gobernador

En una entrevista, en agosto del año pasado Nadia Vera responsabilizó a Javier Duarte por su suerte.

La activista mexicana NADIA VERA, abusada sexualmente, torturada y asesinada el viernes último en Ciudad de MÉXICO junto con otras tres mujeres y el fotoperiodista RUBÉN ESPINOSA, había responsabilizado por su seguridad al gobernador del estado de VERACRUZ, Javier Duarte, en una entrevista que le realizaron en noviembre del último año para el canal de televisión Rompeviento, que se difundió ayer por internet.

“Con el miedo reflejado fuera de cámara, volteando insistentemente hacia la puerta o la ventana del inmueble, como si alguien pudiera escucharnos o vernos, Nadia cerró la entrevista con un señalamiento concreto y contundente, indicando al probable responsable en caso que a ella, a su familia o sus amistades les sucediera algo”, reseñó ayer la televisora en su página web.

En la entrevista, Vera, quien vivía en Xalapa, capital de Veracruz, y había sido integrante de un grupo llamado “Yo soy 132”, responsabilizaba “a Javier Duarte Ochoa, gobernador del Estado, y a todo su gabinete, sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados” en la defensa de los derechos humanos.

La antropóloga, quien había sido golpeada por policías durante una protesta en noviembre de 2012, enumeró en la entrevista los casos de asesinatos de otros periodistas y dirigentes humanitarios como el caso de Regina Martínez y Gregorio Giménez sin que el gobernador sufriera un “costo político de nada”.

“Llevamos cuatro periodistas asesinados y no pasó nada”, insistía, y luego se preguntaba: “¿cuántos activistas de derechos humanos han sido asesinados y desaparecidos en Veracruz y no pasó nada?”.

Según su testimonio, esta situación “tiene que ver con el personaje que tenemos gobernando (en referencia a Duarte)”, quien “no tiene un poco de vergüenza” porque “encima dice que somos el estado más seguro”.

Vera, Espinoza y otras tres mujeres fueron hallados asesinados el viernes último en un departamento del sur del Distrito Federal mexicano y, según la fiscalía, todos fueron torturados antes de recibir un tiro de gracia.

Colectivos de periodistas, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, entre ellos la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), mostraron repudio y pidieron que una fiscalía especial tome la investigación, que está en manos de Procuraduría General de Justicia.