Narcos, paramilitares y empresas mineras tras los territorios de las FARC

Por Vicky Peláez

Desde el momento en que el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia iba a ser firmado, las grandes mineras, los cocaleros y los paramilitares empezaron inmediatamente a moverse hacia las zonas de las Reservas Campesinas para ocupar el espacio que estaban por dejar las FARC.

“Más claro no canta un gallo”. (Refrán popular)

Igualmente, a medida que avanzaba el acuerdo aumentaba la violencia, tal como pronosticaron los habitantes de esos territorios que estuvieron durante 53 años bajo el control y protección de la guerrilla. Los violentos no eran ‘bandas criminales’, como aseguraba el Gobierno, sino las organizaciones paramilitares que nunca fueron erradicadas en su totalidad por el Estado que los había creado en 1990.

Según la Agencia Prensa Rural, desde la implementación del Acuerdo de Paz, en 26 Zonas Veredales de la geografía nacional que sirvieron para la concentración de los guerrilleros de las FARC, en proceso de desmovilización, se han registrado 24 asesinatos entre integrantes de la guerrilla y sus familiares. A eso se suman los homicidios de 187 líderes sociales, en su mayoría defensores de los derechos de las comunidades. También se han registrado unas 500 amenazas contra los activistas y líderes que habitan en las zonas donde actuaban las FARC.

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El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, declaró que el Gobierno debe reconocer el paramilitarismo y brindar protección a los líderes sociales. Expresó también que tenía un miedo “muy grande de que la esperanza del Acuerdo de Paz no vaya a producir la No Repetición de las violaciones de derechos humanos para la gente que vive y ha vivido por décadas afectada por el conflicto, porque la realidad de la gente que vive en las áreas de influencia de las FARC, ya está cambiando, y no es para mejor”. Lo que le preocupa a Howland es el destino de dos millones de habitantes de estas zonas. Según el Alto Comisionado, el Gobierno debe interferir para que este segmento de la población no repita el destino de “los ocho millones de víctimas que existen en el país”.

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Al abandonar los integrantes de las FARC las zonas tradicionales de influencia, el Estado no está llenando estos vacíos con su presencia, sino los está dejando irresponsablemente a merced de los productores de coca y de la minería ilegal, todos acompañados por el paramilitarismo. Las grandes corporaciones tampoco se quedan atrás. La corporación canadiense Continental Gold, la AngloGold Ashanti de Sudáfrica y la colombiana Carboandes S.A., entre muchas otras empresas, ya están entrando al municipio de La Vega, Cauca, para la extracción de oro en las Reservas Campesinas. Lo trágico ha sido que inmediatamente con su ingreso en la zona han aparecido ‘pintas’ de las que se suponía ya habían sido erradicadas y no existentes, según aseveraciones del Gobierno. Las Autodefensas Unidas de Colombia, por ejemplo, han declarado objetivo militar a “todos los sapos, colaboradores, guerrilleros y promotores de la consulta popular y a todo proceso campesino”. Ya son dos miembros de la Sección de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional de Colombia los asesinados en la zona que investigaban la minería ilegal.

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El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’ (archivo)

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