Defensores ambientales: la impunidad somete a los deudos a un duelo eterno

La violencia que est谩 silenciando a los l铆deres ind铆genas de la Amazon铆a peruana no termina con su muerte. Ese ensa帽amiento se traslada despu茅s a sus familiares y al resto de su comunidad. Muchos de ellos siguen recibiendo amenazas o son sometidos al despojo de sus territorios. Viven acechados y con miedo. El Estado, entretanto, contin煤a sin garantizarles protecci贸n ni acceso a la justicia, mientras la cifra de asesinatos se mantiene en ascenso. La impunidad en el Per煤 ha hecho que la defensa de la tierra termine siendo una herida abierta.

Mirelis Morales

Mirelis Morales@mi_mo_to moralesmirelis@gmail.com

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Fuente Ojo P煤blico. 10 Julio, 2022

*Con apoyo de Valeria Aguilar, David D铆az y Yanua Atama铆n

Un disparo en el pecho acab贸 con la vida de Emilio Marichi Huansi (45 a帽os). La muerte del jefe de la comunidad ind铆gena de Santa Rosa de Alto de Chambira (regi贸n San Mart铆n) lanz贸 al abismo a su esposa, a sus siete hijos y a su comunidad.

鈥淐uando un apu muere, todos se sienten perdidos鈥, dijo su hijo, al recordar aquellos d铆as de abril de 2014.

Limber Marichi Tangoa ten铆a 18 a帽os cuando perdi贸 a su padre. Por ser el mayor, tuvo que hacerse cargo de su madre y de sus seis hermanos. Incluso debi贸 asumir el liderazgo de su colectividad y llevar la causa judicial por el asesinato de Marichi Huansi. Ya se han cumplido ocho a帽os de esa lucha est茅ril. En su caso, no hubo justicia ni reparaci贸n.

鈥淧ara los pueblos shawi dejarse quitar el territorio es perder la vida y la esperanza de las generaciones futuras鈥, cont贸 Limber con la dureza de a quien el dolor le ha curtido la piel. 鈥淟os traficantes de tierra se opon铆an a la titulaci贸n porque buscaban invadir m谩s terreno para vender. A m铆 tambi茅n me quer铆an matar y estaba dispuesto a morir por proteger lo nuestro, pues el Estado no ha hecho m谩s que vulnerar nuestros derechos. Nunca obtuvimos respuesta por el asesinato de mi padre y desistimos. En este pa铆s, si no hay plata, no hay justicia鈥.

LOS TRAFICANTES DE TIERRA SE OPON脥AN A LA TITULACI脫N PORQUE BUSCABAN INVADIR M脕S TERRENO PARA VENDER", CONT脫 LIMBER MARICHI TANGOA.

Desde 2011, al menos 29 defensores ambientales han sido asesinados en el Per煤 por proteger a su territorio del narcotr谩fico, el tr谩fico de tierras, as铆 como la tala y la miner铆a ilegal, seg煤n el registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esa violencia que est谩 silenciando a los l铆deres ind铆genas de la Amazon铆a peruana se ha ido expandiendo. Y el ensa帽amiento se traslada incluso a los deudos, quienes no dejan de recibir amenazas. A veces, hasta se ven obligados a abandonar su tierra. Otras, terminan despojados de sus propiedades. Las viudas, los hu茅rfanos y sus comunidades quedan indefensos, ante el abandono de las autoridades.

Diana R铆os lo sufri贸 en carne propia, tras la masacre que acab贸 con la vida de cuatro dirigentes ash茅ninkas 鈥擡dwin Chota, Jorge R铆os P茅rez, Leoncio Quintisima Mel茅ndez y Francisco Pinedo鈥 en la comunidad de Saweto (departamento de Ucayali). Aquel primero de setiembre de 2014, no solo perdi贸 a su padre. Tambi茅n tuvo que abandonar su comunidad para mantenerse a salvo de quienes ejecutaron el crimen. Sufri贸 el abandono de su pareja y se separ贸 por un tiempo de sus hijos. Desde entonces, no ha tenido paz ni consuelo.

El Estado nunca se preocup贸 por encontrar el cuerpo de Jorge R铆os y, con ello, le arrebat贸 a Diana el derecho de llevar su duelo. Reci茅n el pasado 4 de abril pudo asistir al inicio del juicio oral contra los cinco presuntos responsables del asesinato m煤ltiple, entre los cuales figuran los empresarios madereros Hugo Soria Flores y Jos茅 Estrada Huayta como posibles autores intelectuales. Los culpables, hasta ahora, siguen libres. 鈥淟os defensores ambientales no son una prioridad para el Estado y no podremos estar tranquilos mientras los sigan matando鈥, dijo a ocho a帽os de la masacre.

En la mayor铆a de los casos, los familiares reciben asesor铆a legal por parte de las instituciones p煤blicas u organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no se atienden otras necesidades de los deudos como alimentaci贸n, educaci贸n ni asistencia psicol贸gica.

INDEFENSOS. La violencia contra los l铆deres ind铆genas se traslada, incluso, a sus deudos, quienes reciben amenazas y, a veces, se ven obligados a dejar sus tierras.
Video: OjoP煤blico / Edgar 脕lvarez

鈥淟os parientes de los defensores ambientales asesinados sufren m煤ltiples p茅rdidas鈥, afirm贸 Carlos Jibaja, director de salud mental del Centro de Atenci贸n Psicosocial (CAP). 鈥淟os hijos pierden a una madre, que no consigue sostenerlos econ贸mica ni emocionalmente. Una familia pol铆tica, que puede rechazarlos o ser solidaria. Y su entorno, en caso de que se vean obligados a un desplazamiento forzado. Hablamos de traumas acumulativos: p茅rdidas, desplazamientos y rupturas que tienen consecuencias emocionales y sociales鈥.

Hasta la din谩mica familiar cambia cuando muere el padre, porque en las comunidades ind铆genas los roles suelen estar muy marcados. El jefe de familia es quien se encarga de la caza, la pesca y el trabajo pesado relacionado con la agricultura. Mientras la mujer se dedica al cuidado de los hijos, a la crianza de aves menores, a la artesan铆a y a la confecci贸n de vestidos. 鈥淐uando falta el hombre, se pierde la principal fuente de prote铆na de ese hogar. Ello trae consecuencias en la salud y en el proyecto de vida. La pobreza, en muchos casos, se acent煤a鈥, explic贸 Mar P茅rez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La permanencia dentro de la comunidad tambi茅n se torna compleja. Algunos tienen que seguir viviendo con el enemigo a cuesta. Ya sea porque frecuentan el lugar o habitan en la misma colectividad. A veces, hasta forman parte de la propia familia, como le ocurri贸 a Limber, cuyos primos est谩n se帽alados de ser los autores materiales de la muerte de su padre. Lo grave es que, en muchos casos, no tienen a d贸nde ir. Entonces, quedan encerrados.

鈥淟uego de que ocurre un hecho de violencia, la poblaci贸n tiene cuidado de no moverse fuera de su zona鈥, afirm贸 Freddy V谩squez, coordinador de campo de la organizaci贸n ind铆gena Ecosira. 鈥淧ierden libertad para salir, pescar en el r铆o o cazar. Solo salen en grupo para ir a la ciudad, porque tienen temor de que algo les pase鈥.

DURANTE LA PANDEMIA, AL MENOS, 10 DEFENSORES FUERON ASESINADOS EN PER脷".

Limber a煤n recuerda esos primeros d铆as, tras el asesinato de su padre. Fueron tres meses de duelo, donde el ambiente se sent铆a enrarecido. 鈥淔ue una 茅poca extra帽a鈥, explic贸. 鈥淣o hab铆a alegr铆a. Hasta que tuve que parar las l谩grimas, pues la comunidad se iba a debilitar y a煤n ten铆amos el peligro de los traficantes de tierra. Al final, creo que su muerte nos dio fuerza para unirnos y seguir luchando. Pero igual, la gente sent铆a miedo. Despu茅s de las ocho de la noche, nadie se atrev铆a a ir a ning煤n lado (...). Ya hace tres a帽os que dejamos de recibir amenazas, porque se dieron cuenta de que no pod铆an lograr lo que pensaban鈥.

Las comunidades ind铆genas tienen una noci贸n muy fuerte del bien com煤n, seg煤n explica el psic贸logo Carlos Jibaja. Por eso, cuando se sienten amenazadas, se organizan para defenderse. Ahora, si alguien debe salir de ese c铆rculo de protecci贸n, la historia es otra. 鈥淵o no puedo andar con libertad. Debo cuidar mi vida, porque tengo cuatro ni帽os que no pueden quedar hu茅rfanos鈥, cont贸 Diana en una reciente publicaci贸n de OjoP煤blico, en la que revela que personas extra帽as la hacen seguimiento, incluso ahora que vive en Pucallpa. 鈥淟a situaci贸n es peligrosa porque son personas que se atrevieron a asesinar con crueldad. Nos amenazan y siguen para asustarnos y callarnos鈥.

Un Estado indolente

La pandemia ha sido el periodo m谩s violento para los defensores ambientales en el Per煤 y en el resto de la regi贸n amaz贸nica, seg煤n consta en el informe Last Line of Defense de la organizaci贸n de derechos humanos Global Witness. Mientras el pa铆s estaba enfocado en la emergencia sanitaria, al menos 10 l铆deres ind铆genas peruanos fueron asesinados por defender su territorio de la tala o la miner铆a ilegal, el narcotr谩fico y el tr谩fico de tierras.

El 煤ltimo hecho ocurri贸 el pasado 20 de abril, cuando se encontr贸 el cuerpo del l铆der nomatsigenga Ulises Rumiche con un disparo en la cabeza. El gerente de Pueblos Originarios Amaz贸nicos de la municipalidad de Pangoa (regi贸n Jun铆n) regresaba a su comunidad, luego de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables. Su caso sigue en investigaci贸n para determinar si el motivo de su muerte se vincula a la labor de defensa de su territorio.

Ante la creciente violencia, el Estado aprob贸, a partir de 2019, varios instrumentos normativos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ejemplo, dise帽贸 un protocolo para salvaguardar a los defensores de derechos humanos. Dos a帽os despu茅s, la Fiscal铆a de la Naci贸n cre贸 una comisi贸n para proponer estrategias que faciliten el acceso a la justicia. El Ministerio del Interior, por su parte, estableci贸 un protocolo para otorgar garant铆as personales a los defensores de derechos humanos, mientras que el Ministerio del Ambiente cre贸 otro para atender a los l铆deres ambientales.

Arbildo Mel茅ndez Grandez
ARBILDO MEL脡NDEZ. Fue asesinado en abril de 2020, en Hu谩nuco. Su cuerpo fue hallado en medio del bosque, con un disparo en el cuerpo. Ten铆a 43 a帽os.
Imagen: OjoP煤blico / Edgar 脕lvarez.

En 2021 tambi茅n se activ贸 un mecanismo que involucra a ocho ministerios 鈥揓usticia y Derechos Humanos, Interior, Ambiente, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, Energ铆a y Minas, Desarrollo Agrario y Riego鈥 y, m谩s recientemente, a la Comisi贸n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), para garantizar la prevenci贸n, la protecci贸n y el acceso a la justicia a quienes defienden los derechos humanos.

A un a帽o de su puesta en marcha, no se conoce cu谩l es el avance ni los logros del Mecanismo Intersectorial para la Protecci贸n de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. OjoP煤blico solicit贸 informaci贸n al Ministerio de Justicia, pero indicaron que no estaban concediendo entrevistas para hablar sobre el tema. Sin embargo, la muerte de los 煤ltimos l铆deres ind铆genas demuestra que los procedimientos para obtener medidas de protecci贸n incluidos en este instrumento no representan ning煤n amparo. 鈥淓s un mero proceso administrativo, porque la polic铆a no se acerca y no hace ning煤n monitoreo鈥, asegur贸 Francisco Rivas, representante de Pro茅tica, organizaci贸n dedicada a la lucha contra la corrupci贸n y la impunidad.

El Estado alega que no tiene recursos para realizar las investigaciones. Algunas veces, la Fiscal铆a se帽ala que no recibe apoyo de la polic铆a. Otras, la polic铆a argumenta que no tiene dinero para concluir las averiguaciones, seg煤n explic贸 Lissette V谩squez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios P煤blicos y Pueblos Ind铆genas de la Defensor铆a del Pueblo. Los deudos, por su parte, hablan de falta de voluntad. 鈥淵o me he cansado de solicitar la b煤squeda del cuerpo de mi padre鈥, cont贸 Diana. 鈥淧ero en Fiscal铆a me dicen que no pueden ingresar a la zona, que no se puede hacer nada. Y yo le digo: 鈥榩贸ngase en mi lugar. P贸ngase la mano en el coraz贸n鈥. No tenemos un respaldo del poder judicial. Todo queda en papeles o toma mucho tiempo鈥.

Los 煤ltimos esfuerzos por aprobar instrumentos normativos, en todo caso, resultan insuficientes mientras no se ejecuten acciones m谩s articuladas, que ayuden a ponerle freno a la corrupci贸n y a las actividades ilegales. 鈥淪e han creado comisiones sectoriales de la miner铆a y de la tala. Se han creado espacios de coordinaci贸n, pero no articulados鈥, asegur贸 V谩squez. 鈥淗emos venido alertando que urge la protecci贸n del Estado porque no se hace de forma efectiva. Tiene que haber una estrategia integral鈥.

YO ME HE CANSADO DE SOLICITAR LA B脷SQUEDA DEL CUERPO DE MI PADRE鈥, CONT脫 DIANA R脥OS.

Lo cierto es que cualquier acci贸n que se emprenda en el corto plazo para proteger a los l铆deres ind铆genas y a sus familiares debe resolver el principal impedimento para garantizar el acceso de la justicia: el vac铆o que existe en el C贸digo Penal. 鈥淓ste instrumento no reconoce a los defensores ambientales. Esa es una gran limitaci贸n鈥, explic贸 Luisa R铆os, coordinadora regional de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 鈥淪e le considera un asesinato com煤n, porque no est谩 tipificado el delito鈥.

Ese vac铆o legal motiv贸 a la congresista Heidy Ju谩rez Calle (Alianza para el Progreso) a presentar, en enero de este a帽o, un proyecto de ley para modificar los art铆culos 108-A y 121 del C贸digo Penal. Esta propuesta busca incorporar un agravante en los delitos de 鈥渉omicidio calificado鈥 y 鈥渓esiones graves鈥, cuando se trata de una persona que tenga la condici贸n de guardaparques, l铆der o defensor ambiental. Esa modificaci贸n permitir铆a que la pena en estos casos, tal como ocurre con la muerte de un alto funcionario o una autoridad elegida por mandato popular, sea no menor de 25 a帽os ni mayor de 35.

SON TRAUMAS ACUMULATIVOS: P脡RDIDAS, DESPLAZAMIENTOS Y RUPTURAS QUE TIENEN CONSECUENCIAS EMOCIONALES Y SOCIALES鈥, EXPLICA CARLOS JIBAJA.

Al final, el camino en busca de justicia se torna largo y desgastante para los familiares. A ocho a帽os de la muerte de Jorge R铆os y Emilio Marichi, por ejemplo, no hay culpables. Ni siquiera, detenidos. Un hecho que se repite en los dem谩s casos de defensores asesinados en el Per煤. 鈥淗asta ahora, no hay registro de ninguna sentencia鈥, asegur贸 Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensor铆a del Pueblo. 鈥淭enemos un sistema judicial muy precario. El Estado no cuenta con recursos ni log铆sticos ni econ贸micos para brindar una protecci贸n real ni a tiempo鈥.

Ello explica por qu茅 la mayor铆a de los deudos termina por desistir. No obtienen respuesta, los procesos se dilatan y el dinero se diluye en cada traslado para darle seguimiento a un caso que no avanza. 鈥淎l principio, acudimos muchas veces a la comisar铆a y a la Fiscal铆a, pero todo era muy complicado. Quer铆an hacer un levantamiento del cad谩ver, pero nos negamos porque el pueblo shawi no acepta eso. Hasta ahora, no hemos recibido asistencia de la polic铆a ni de la Fiscal铆a con nuestra denuncia. Reci茅n nos enteramos que ten铆amos que hacer el certificado de defunci贸n鈥, cont贸 Limber. 鈥淵o me siento muy decepcionada por la actuaci贸n de las instituciones鈥, agreg贸 Diana. 鈥淣o entiendo c贸mo pueden permitir que esos asesinos est茅n libres y sigan haciendo da帽o鈥.

Un dolor de por vida

Al no haber castigo contra los responsables de estos cr铆menes, el Estado tambi茅n limita el derecho de los parientes a recibir mecanismos de reparaci贸n econ贸mica, tal como lo hubo en el caso de las v铆ctimas del conflicto armado interno. Un hecho que deja a las familias en una completa situaci贸n de desamparo, en opini贸n de la coordinadora regional de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Tanta injusticia genera da帽os psicol贸gicos enormes en los familiares. Una afectaci贸n de lo que pocos hablan. 鈥淟a impunidad es determinante para mantenerlos en un limbo鈥, explic贸 Carlos Jibaja. 鈥淟os juicios, a largo plazo, reabren sus heridas y quiebran el equilibrio emocional, que algunos han alcanzado en psicoterapia. Quien asume la b煤squeda de la justicia puede pasar a帽os en un proceso de revictimizaci贸n. Ese estr茅s por la p茅rdida y toda la carga emocional se la pasa a la siguiente generaci贸n. Y ese dolor es de nunca acabar鈥.

El director de salud mental del Centro de Atenci贸n Psicosocial (CAP) record贸 que no hay que perder de vista que se trata de la partida s煤bita de un ser querido. 鈥淣o es cualquier p茅rdida. Es repentina y deja en los deudos una sensaci贸n de derrumbe. La mente tiene el riesgo de quebrarse y de disociarse de la realidad鈥, a帽adi贸.

Ese dolor se manifiesta a trav茅s del insomnio o sue帽o perenne, depresi贸n, alto grado de ansiedad, reexperimentaci贸n y disociaciones. 鈥淵o pas茅 muchas noches sin dormir鈥, record贸 Limber. 鈥淧erd铆 el apetito. Uno de mis hermanos menores se levantaba a medianoche preguntando d贸nde estaba pap谩鈥, agreg贸.

AL MENOS 29 DEFENSORES AMBIENTALES FUERON ASESINADOS EN PER脷 DESDE 2011".

Estos padecimientos se agravan en los casos en que el familiar haya desaparecido. 鈥淎l no haber cuerpo ni ritual de desprendimiento del ser querido, no se dan las condiciones del duelo. No saben si siguen vivos o no. Y aceptar la muerte es perder la esperanza鈥, detall贸 Carlos Jibaja.

Esa fue la sensaci贸n que experiment贸 Diana al no encontrar rastros de su padre. 鈥淧or un tiempo, quise creer que segu铆a vivo, porque nunca he visto su cuerpo. Ni siquiera su mochila. Eso me traum贸鈥, cont贸 con la voz quebrada, como si la masacre de Saweto hubiese ocurrido ayer. 鈥淧ero la planta medicinal [Ayahuasca] me hizo ver que fue acechado y lanzado a un pozo. Me ha tomado muchos a帽os aceptar su muerte porque, cuando uno pierde a un padre, no sabe a qui茅n seguir. Mi padre era todo para m铆 y mi comunidad. Y este dolor, a veces, me ha quitado las ganas de seguir鈥.

En estas circunstancias, la muerte para los familiares es una herida abierta, que no sanar谩 mientras m谩s l铆deres ind铆genas sigan perdiendo la vida por defender su tierra. Las noticias de nuevos asesinatos, que provienen de Ucayali, Amazonas, Pasco, Madre de Dios, Jun铆n, vuelven a conectarlos con su propia tragedia y a despertar en ellos la creencia de que podr铆a pasarles algo malo, otra vez. 鈥淩egresa la sensaci贸n de indefensi贸n, sobreviene alg煤n tipo de ansiedad y aquella p茅rdida termina siendo un padecimiento de por vida鈥, explic贸 Carlos Jibaja.

Edwin Chota
EDWIN CHOTA. Fue asesinado en 2014 (junto a Leoncio Quintisima, Jorge R铆os P茅rez y Francisco Pinedo) por una mafia de traficantes de madera, en la frontera de Per煤 y Brasil. Ten铆a 53 a帽os.
Imagen: OjoP煤blico / Edgar 脕lvarez.

Resistencia por la tierra

La violencia contra los defensores ambientales no es un asunto que ata帽e solo a Per煤. Esta realidad se extiende a lo largo de los 2.587 millones de hect谩reas de la Amazon铆a. De acuerdo con el informe Last Line of Defense de la organizaci贸n de derechos humanos Global Witness, 165 l铆deres fueron asesinados en Am茅rica Latina durante el a帽o 2020. Colombia encabeza la lista con 65 casos. La mayor铆a vinculados con explotaci贸n forestal, miner铆a y agroindustria.

鈥淟a situaci贸n de las personas defensoras del medio ambiente en Colombia es muy grave鈥, cont贸 Lourdes Castro, abogada y defensora de Derechos Humanos de la ONG Somos Defensores. 鈥淵 no viene de ahora, cada a帽o incrementa. No solo atentan contra su vida, sino tambi茅n recurren a amenazas, atentados, judicializaci贸n, desapariciones, detenciones arbitrarias. El cuadro de agresi贸n es persistente y generalizado鈥.

En su opini贸n, existen varios factores que contribuyen a que el ensa帽amiento en ese pa铆s sea recurrente. Primero, la impunidad, que incide en que el delito se perpet煤e. Segundo, las pr谩cticas de estigmatizaci贸n, que hacen creer que los ambientalistas obstaculizan el desarrollo de la naci贸n. Tercero, el incumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron hace casi seis a帽os, como los programas de sustituci贸n de cultivos il铆citos, los mecanismos de participaci贸n y los dispositivos de seguridad de las comunidades, que terminaron por reconfigurar las din谩micas de violencia.

Gonz谩lo Pio
GONZALO P脥O FLORES. Fue asesinado el 17 de mayo de 2020. Luchaba por la titulaci贸n de Nuevo Amanecer Hawai, comunidad ash谩ninka ubicada en el centro del Per煤. Ten铆a 45 a帽os.
Imagen: OjoP煤blico / Edgar 脕lvarez.

El Estado colombiano defiende su gesti贸n con cifras que, a juicio de Castro, est谩n infladas y no reflejan la realidad de los defensores ambientales. 鈥淟a Fiscal铆a General de la Naci贸n ha adaptado el concepto de esclarecimiento y, ahora, cualquier impulso investigativo lo consideran como tal. Ello lo que hace es agrandar las cifras para tener impacto medi谩tico. Pero cuando revisas las sentencias en firme, los datos se desinflan. Tenemos 16% de sentencias. Por tanto, el nivel de esclarecimiento real es muy bajo鈥, explic贸.

Aparte, Castro asegur贸 que la mayor铆a de las sentencias est谩 referida a los autores materiales, pero no a los intelectuales. Lo que da pie a que sigan cometiendo delitos. 鈥淣o sabemos qui茅nes est谩n detr谩s de estos asesinatos o si pueden estar relacionados con intereses pol铆ticos鈥, acot贸. Un hecho que se repite en Per煤, donde la justicia sigue sin tocar a los m谩s poderosos. 鈥淗ay que llegar a las cabezas, porque detr谩s de los asesinatos de los defensores ambientales hay criminalidad organizada鈥, afirm贸 Percy Castillo. 鈥淒e lo contrario, las circunstancias se seguir谩n propagando鈥.

El Acuerdo de Escaz煤 supone un esfuerzo regional para promover la protecci贸n del medio ambiente e incluye disposiciones vinculantes para la seguridad de los defensores. Pero el Per煤 sigue sin ratificar este compromiso, que cuenta con el respaldo de m谩s de 12 pa铆ses. Desde octubre de 2020, la Comisi贸n de Relaciones Exteriores del Congreso mantiene archivado el proyecto, con el argumento de que la ratificaci贸n pone en juego la soberan铆a nacional. 鈥淒e llegar a ratificarse, dispondr铆amos de herramientas importantes para atender los problemas estructurales que est谩n detr谩s de estos asesinatos, tendr铆amos mayores niveles de protecci贸n y lucha contra la impunidad鈥, afirm贸 Mar P茅rez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Herasmo Garc铆a
HERASMO GARC脥A GRAU. Fue asesinado en febrero de 2021, en Ucayali. Su cuerpo fue encontrado en la selva, con impactos de bala y golpes. Ten铆a 28 a帽os.
Imagen: OjoP煤blico / Edgar 脕lvarez.

Hay que entender que esta violencia que sacude a la Amazon铆a en toda su extensi贸n 鈥揃olivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Per煤, Surinam y Venezuela鈥 tiene su origen en pr谩cticas colonialistas, seg煤n explic贸 P茅rez. Se basa en la presunci贸n de que se trata de un territorio poco habitado y que hay que hacerlo producir. Una idea que defendi贸 el fallecido expresidente Alan Garc铆a (1985-1990 / 2006-2011) en su famoso art铆culo El S铆ndrome del Perro del Hortelano, publicado en 2007.

鈥淟a demagogia y enga帽o dice que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados (鈥) Tierras ociosas, porque el due帽o no tiene formaci贸n ni recursos econ贸micos. Por tanto, su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traer铆a tecnolog铆a de la que se beneficiar铆a tambi茅n el comunero, pero la telara帽a ideol贸gica del siglo XIX subsiste como un impedimento鈥.

Esta teor铆a se impone en la medida que el Estado no reconoce una de las principales demandas de las comunidades ind铆genas: la titulaci贸n de sus tierras. Seg煤n un informe de la Defensor铆a del Pueblo publicado en 2019, existen 1.770 comunidades campesinas e ind铆genas que siguen a la espera de sus t铆tulos de propiedad. Los procesos suelen ser tan engorrosos que terminan por demorar entre 15 y 20 a帽os. Y ese vac铆o facilita la presencia de actividades ilegales y la ocupaci贸n no autorizada de sus territorios.

A煤n as铆, la resistencia de algunas comunidades se ha impuesto frente a quienes se oponen a su derecho colectivo de la tierra. En 2017, por ejemplo, la comunidad Santa Rosa de Alto de Chambira, que lidera Limber Marichi, logr贸 la demarcaci贸n de su territorio ancestral tras varios a帽os de lucha. Ahora, solo esperan por el registro del t铆tulo. 鈥淎 los 12 a帽os, recib铆 un bonito consejo de mi padre: 鈥榥unca te rindas鈥, me dijo. As铆 que mi sue帽o era hacer realidad lo que 茅l quer铆a: contar con un territorio seguro鈥.

En cada aniversario del fallecimiento de Emilio Marichi, los shawis izan una bandera negra en sus casas en se帽al de luto. En Saweto, se re煤nen en torno a la planta medicinal y piden a sus muertos que los ayuden a seguir cuidando su tierra. 鈥淓l esp铆ritu de mi padre est谩 en la naturaleza鈥, afirm贸 Diana. 鈥淒e no ser por 茅l, este bosque no estar铆a vivo鈥.

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