En los últimos años se agudizó la crisis migratoria en los países de Mesoamérica. Desde la región del Darién -en la frontera de Panamá y Colombia- hasta el límite fronterizo que separa México y Estados Unidos, los flujos de migraciones irregulares se intensificaron a causa de la crisis estructural que atraviesan los países de la región, agravados con la pandemia del Covid-19.

El incremento de las desigualdades, la pobreza y la violencia social, sumado a la crisis institucional y a los efectos devastadores de la crisis climática, aparecen como los principales factores que llevan a migrar a decenas de miles de personas. La respuesta de los gobiernos de la región ante las sucesivas caravanas migratorias es mayormente represiva. Estados Unidos es el destino de la mayoría de las personas que parten de Centroamérica o recorren estos países hacia el norte del continente.

Crisis social, económica y política en Centroamérica

Para analizar la cuestión migratoria en Mesoamérica dialogamos con Carlos Barrientos, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala. Para el dirigente social es importante enmarcar la crisis migratoria en la situación política, social y económica que atraviesan los países centroamericanos: “Centroamérica es una región pobre, encontramos casos extremos como el de Honduras con 52% de pobreza extrema y Guatemala donde el 49% de los menores de 5 años sufre desnutrición infantil crónica”. El incremento de la pobreza se debe en gran parte al impacto social de la pandemia: a esto se suma que la crisis sanitaria, la falta de vacunas y de equipamientos médicos, deterioraron aún más las condiciones de vida de las poblaciones.

El modelo económico que prima en la región es neoliberal y extractivista, basado en la minería y en la precarización y pauperización de la fuerza de trabajo. Además, el modelo de acumulación en Centroamérica es cada vez más dependiente de las remesas que envían las personas migrantes. El dirigente del CUC detalla que “el país que más remesas recibe en relación a su Producto Bruto Interno es El Salvador, con un equivalente al 20.69%. Luego sigue Honduras con un 20.32% del producto. En el caso de Guatemala las remesas ascienden al 14% del PBI. En Nicaragua es el 11.29%, en Costa Rica el 0.42% y en Panamá el 0.18%”.

Para Barrientos las remesas implican una “situación perversa”. Cuando las personas se ven forzadas a migrar hacia EE. UU. y envían las remesas a su país de origen, una buena parte de estas quedan en los bancos, cuando los familiares hacen el cambio a la moneda nacional. Otra parte va a parar a las empresas que producen bienes de consumo y ofrecen malas condiciones de trabajo, pagan bajos salarios y generan las condiciones para que las personas decidan migrar. Además, las remesas garantizan una importante entrada de dólares y mantienen estables las variables macroeconómicas generando condiciones propicias para la inversión privada.

Al modelo económico dependiente se suma la política autoritaria de gobiernos como los de Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, estos países atraviesan por recurrentes crisis institucionales y políticas. Las instituciones hondureñas y guatemaltecas están cooptadas por la corrupción y sus funcionarios son denunciados por tener vínculos con bandas del crimen organizado y el narcotráfico. En Panamá, el caso Odebrecht comprometió a importantes dirigentes políticos e incluso a ex presidentes. En El Salvador, Nayib Bukele busca un poder absoluto capturando los poderes del Estado. Mientras tanto, y en un escenario marcadamente distinto, Nicaragua se ve asediada por el injerencismo norteamericano.

La migración forzada como expresión de la crisis neoliberal

Mesoamérica fue y es uno de los principales corredores migratorios del mundo y a lo largo de su historia podemos identificar distintas modalidades. Carlos Barrientos afirma al respecto que:

“En los años 80 del siglo XX, la principal causa del proceso migratorio en la región fueron los conflictos armados y la represión estatal masiva, lo que obligó a miles de personas a huir de la guerra, la violencia, la persecución. En ese entonces, el grueso de las personas que emigraban eran exiliados y refugiados, sobre todo de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En la medida en que se fueron impulsando los procesos de paz en la región y fue finalizando la guerra, las causas de la migración se volvieron fundamentalmente económicas”.

Por otra parte, el fenómeno de las caravanas migrantes que se hizo visible a partir del 2018 presenta un riesgo y un desafío para los gobiernos de la región.

“El hecho se generó a través de las redes sociales. Se produjo un flujo de miles y miles de personas por mes. En cada país decidieron unirse y recorrer Guatemala y México intentando llegar a Estados Unidos. La respuesta del gobierno norteamericano fue desplegar alrededor de 7 mil efectivos policíacos y militares en su frontera con México, por lo que miles de personas fueron detenidas”, explicó el dirigente social.

Para Carlos Barrientos la relación entre crisis migratoria y profundización del modelo neoliberal es directamente proporcional:

“Se estima que entre 5 mil a 8 mil personas emigran de sus países por mes, sobre todo de Guatemala, El Salvador y Honduras. Anualmente migran a Estados Unidos alrededor de 200 mil centroamericanos y en los últimos 30 años el total superó los 16 millones de personas. Este es un flujo constante que se ha ido incrementando en la medida que el neoliberalismo ha ido avanzando. Las personas migran fundamentalmente a Estados Unidos, pero el 91% no lo hacen buscando el sueño americano, sino huyendo de la pesadilla que viven en sus países”.

La respuesta de los gobiernos de la región a la movilización de miles de personas que deciden migrar ha sido fundamentalmente represiva, produciendo la militarización de las fronteras. El ejército mexicano frenó el intento de los y las migrantes de cruzar su frontera hacia EE.UU., y la policía y los militares guatemaltecos rodearon los departamentos fronterizos con El Salvador y Honduras. “No hay en el caso de Guatemala ni en el de México una iniciativa para comprender el fenómeno de la migración ni para atenderlo de forma humanitaria. La respuesta fundamental, como en Estados Unidos, ha sido movilizar a efectivos policíacos y militares para impedir que las caravanas sigan caminando por sus respectivos países”, señaló Barrientos.

Esta política genera que muchas personas tengan que retornar forzosamente a la realidad de la que querían escapar, o buscar vías aún más inciertas para atravesar la frontera, poniendo en peligro sus vidas y quedando a merced de bandas criminales. Detrás de esto hay además una economía ilícita que lucra con las migraciones irregulares.

El rol de Estados Unidos: la doble cara del verdugo

La política injerencista de Estados Unidos es responsable de la crisis social y política de los países centroamericanos. Las migraciones cumplen un rol fundamental para el modelo económico noteamericano, ejerciendo presión sobre el mercado laboral y actuando como fuerza de trabajo en rubros donde la mano de obra es precarizada y tiene bajos salarios. A pesar de esto, las distintas administraciones estadounidenses han afrontado el problema migratorio como si fueran víctimas o damnificados, exigiendo a los países de Mesoamérica respuestas contundentes, represivas y criminalizadoras.

Sobre el rol de EE.UU en la crisis de los países centroamericanos, Carlos Barrientos explicó que: “Si Estados Unidos no hubiera intervenido apoyando dictaduras, los gobiernos militares y de derecha muy probablemente no existirían en los países de Centroamérica”. En lo que respecta a los migrantes, “EE. UU. ha tenido básicamente una política bipartidista, aunque con matices, porque lo que están defendiendo son los intereses de las empresas norteamericanas y los intereses de los dos partidos, el Republicano y el Demócrata”.

El continuum de la política exterior migratoria se observa en las decisiones que fueron tomando las distintas administraciones. El gobierno de Barack Obama tuvo una política sistemática de deportaciones, llegando a un promedio de 400 mil por año. Tras la crisis de los migrantes menores no acompañados del 2014 -alrededor de 70 mil niñas y niños fueron capturados-, Estados Unidos creó junto a Honduras, Guatemala y El Salvador el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) para impedir, aparentemente, que las personas se vean en la necesidad de migrar.

Por su parte, Donald Trump le imprimió a la política migratoria estadounidense una visión explícitamente xenófoba, obligando a los gobiernos de México y del Triángulo Norte a tomar una serie de medidas represivas para combatir y detener la migración. Se estableció, por ejemplo, el acuerdo de “tercer país seguro”, que como indica Carlos Barrientos, “implicaba la utilización de las fuerzas de seguridad de los gobiernos para impedir la migración, porque en las precarias situaciones que hay en los países centroamericanos ningún país podía jugar ese papel de ser un tercer país seguro”. Para el dirigente social estas medidas no atacan las causas estructurales, sino que fortalecen el modelo que genera la expulsión de miles de personas.

En lo que respecta a la administración de Joe Biden, iniciada en 2020, si bien se puso fin a las políticas como “tercer país seguro” y “permanecer en México”, continúa en esencia la criminalización a los y las migrantes mediante deportaciones y detenciones:

“De enero a junio del 2021 Estados Unidos deportó a 109.553 personas. En mayo había 16.680 personas solicitantes de asilo, en ocho ciudades fronterizas mexicanas donde no se les había permitido permanecer. Otro elemento que indica la continuidad de las políticas de Trump es el número de personas detenidas: en julio del 2021 fueron unas 80 mil personas, entre ellos 19 mil menores no acompañados, que fueron capturados en la frontera sur. Además, en julio de este año la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 210 mil personas en tan solo un mes, lo que arroja el número mayor de detenidos en lo que va del siglo XXI”.

Otro de los casos paradigmáticos del continuismo es la política “título 42”, que es usada actualmente en el contexto de pandemia de la Covid 19 para deportar migrantes de manera selectiva y discriminatoria.

La migración como derecho y la alternativa al modelo neoliberal

Carlos Barrientos sostiene que para poder abordar la problemática migratoria de manera que pueda dar respuestas efectivas y humanitarias a la crisis, hay que enfocarse en tres aspectos estructurales. Los primeros dos están directamente relacionados: uno hace énfasis en discutir un nuevo modelo de desarrollo, diferente al modelo extractivista minero y energético que prima en la actualidad, “basado en poder extraer los recursos de la naturaleza, en tener bajos salarios y condiciones deplorables de trabajo, en el desarrollo de las maquilas y en el impulso de los monocultivos” indica el dirigente social. A la par, señala que se debe atacar la pobreza y la violencia general que atraviesa a los países de la región.

Por último, indica que hay que entender a la migración como un fenómeno consustancial a la especie: “intentar detener la migración es un enfoque equivocado, porque se está pretendiendo impedir una dinámica que existe desde los orígenes de la humanidad”. Por el contrario, Barrientos propone un enfoque basado en los derechos humanos, que conciba a las y los migrantes como sujetos políticos con dignidad y plenos derechos.

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